Desde el pasado 24 de mayo no existe información clara sobre la situación de diez integrantes del convoy terrestre Global Sumud Maghreb, retenidos en Libia del Este cuando intentaban negociar el paso seguro de una misión civil internacional rumbo a Gaza.
La organización denunció primero la pérdida de contacto con parte de la delegación y, más tarde, se confirmó que estas personas permanecían retenidas sin que hasta el momento se haya ofrecido una explicación sobre su paradero, su estado o las condiciones en las que se encuentran.
Formaban parte de una misión humanitaria y política que, desde hace semanas, intenta abrir una ruta terrestre hacia Gaza por el norte de África a través del paso de Rafah. Días atrás, el medio argentino NODAL había informado de que dos de sus periodistas, Paula Giménez y Lucas Aguilera, se sumaban a esta comitiva internacional para acompañar sobre el terreno una acción que buscaba llevar ayuda humanitaria, denunciar el bloqueo y visibilizar el genocidio contra el pueblo palestino.
Su presencia tenía además un valor especial. En Gaza no solo se cerca un territorio: también se intenta cercar la posibilidad de contar lo que ocurre. Por eso es importante que periodistas internacionales estuviesen narrando en primera persona el avance de esta caravana. Durante años, Palestina ha sufrido también un cerco de silencio, de deformación mediática y de relatos fabricados desde los mismos centros de poder que sostienen o justifican su asedio. Estos periodistas se sumaban así a una misión que no pretendía únicamente llevar una ayuda puntual, sino también abrir una grieta en ese silencio.
Durante años, Palestina ha sufrido también un cerco de silencio, de deformación mediática y de relatos fabricados desde los mismos centros de poder que sostienen o justifican su asedio.
Pero esta tarea no es una novedad. Se inscribe en una larga historia de solidaridad internacional con Palestina, que además se ha intensificado desde el inicio del genocidio en Gaza. Desde las flotillas y los convoyes hasta las campañas civiles de acompañamiento, las protestas en todo el mundo e incluso las huelgas. Mientras esta iniciativa daba sus primeros pasos, seguíamos con preocupación —y después con alivio— la liberación del brasileño Thiago Ávila y del activista hispano-palestino Saif Abu Keshek, retenidos por Israel en aguas internacionales cuando participaban en otra acción que pretendía, también, romper el cerco a Gaza. Así como vemos de forma paralela el aumento de la solidaridad, también observamos que se normaliza la represión contra la misma.
Aquí conviene detenerse en dos lugares que explican la dimensión política de esta caravana: Rafah y Libia. Rafah, porque era el horizonte de la misión; Libia, porque es el territorio donde esa misión ha quedado atrapada.
Rafah importa porque permite entender qué es Gaza hoy. Como suele recordar Ilan Pappé, Gaza no fue siempre la "Franja" que nombramos ahora. Fue una ciudad portuaria importante del Levante mediterráneo, atravesada por rutas comerciales, culturales y humanas. La Franja, en cambio, es otra cosa, es el resultado histórico de la colonización, de la expulsión forzosa de población palestina, del refugio impuesto y, más tarde, de un encierro administrado. La mayor cárcel del mundo a cielo abierto llegó a nombrarse. Por eso Rafah aparece una y otra vez en las negociaciones: porque no es solo un paso fronterizo, sino uno de los pocos puntos por los que Gaza puede comunicarse con el exterior.
Por otra parte, Libia tampoco fue siempre ese territorio roto donde ahora leemos que los activistas han sido retenidos por autoridades del este del país, vinculadas a una administración paralela que muchas personas fuera de Libia apenas conocíamos hasta que una misión solidaria como esta ha quedado atrapada allí. Antes de la intervención de la OTAN en 2011, Libia era uno de los países del norte de África con mayores índices de desarrollo. Aquella intervención, presentada como "humanitaria", destruyó sus estructuras estatales y abrió la puerta a la fragmentación política, a la disputa petrolera, a los poderes paralelos y al descontrol actual.
Y esto nos lleva al punto en el que nos encontramos, donde no se trata solo de saber que están retenidos, sino de saber ante quién reclamar, con quién negociar, qué autoridad responde y qué mecanismos pueden activarse en un país atravesado por poderes de facto, milicias, tutelas extranjeras y zonas de control fragmentadas.
Poco antes de morir arrastrado por las inundaciones que devastaron Derna en septiembre de 2023, el poeta libio Mustafa al-Trabelsi escribió 'La lluvia', un poema breve y terrible donde el agua no aparece solo como fenómeno natural, sino como revelación política: la lluvia, decía, desnuda al contratista tramposo y al Estado fallido. A través de esta metáfora podemos ver algo más que la tragedia de una ciudad libia abandonada, podemos constatar de manera descarnada el mundo en el que vivimos. Un orden internacional que se proclama civilizado mientras sostiene colonizaciones, intervenciones militares que destruyen países, bloqueos y asedios medievales. Un mundo fallido no porque falten normas, sino porque quienes las escribieron las convierten sistemáticamente en papel mojado cada vez que los pueblos intentan hacerlas valer.
Diplomacia y acción colectiva
Las personas retenidas son Paula Giménez y Lucas Aguilera, de Argentina; Matías Álvarez Rodríguez, de Uruguay; Alicia Armesto Núñez, de España; Domenico Centrone y Leonarda Alberizia, de Italia; Ana Margarida França Santana Baptista, de Portugal; Lauro Kwoczala, de Polonia; Ashraf Khoja, de Túnez; y Jenelle Jones, de Estados Unidos.
Nombrarlas importa. No para convertir una causa colectiva en una suma de biografías individuales, sino porque borrar los nombres es siempre una forma de deshumanización: convierte a personas concretas en una cifra, en un expediente, en un asunto que puede esperar. Y también importa decir de dónde son, porque sus Estados tienen obligaciones para con sus ciudadanos. Argentina, Uruguay, España, Italia, Portugal, Polonia, Túnez y Estados Unidos no pueden mirar hacia otro lado: deben activar todos los mecanismos diplomáticos necesarios para conocer su situación, garantizar su integridad y exigir su liberación inmediata.
En el caso español, esa exigencia tiene además una dimensión política evidente. Una de las personas retenidas, Alicia Armesto Núñez, es ciudadana española, y este 28 de mayo se cumplen dos años desde que el Gobierno de Pedro Sánchez reconoció oficialmente el Estado palestino. Si aquel gesto quiere significar algo más que diplomacia simbólica, debe traducirse ahora en acción concreta: activar todos los mecanismos necesarios para conocer su situación, garantizar su integridad, exigir su liberación inmediata y presionar para que la ayuda humanitaria pueda llegar a Gaza.
La cuestión palestina ha vuelto a desnudar el mundo en el que vivimos: un orden donde unos pueblos pueden ser asediados, otros países destruidos y la solidaridad perseguida. Pero también muestra que, frente a ese mundo, siguen existiendo voces capaces de caminar, organizarse y abrir grietas en el silencio. Defender la liberación de estos activistas no es solo reclamar garantías para diez personas retenidas en Libia; es defender el derecho de los pueblos a vivir en paz y la responsabilidad colectiva de construir otro mundo.
